Desde la sección sindical del SAT en la Universidad de Sevilla (PDI) queremos mostrar nuestro más absoluto rechazo a la violenta represión ejercida por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la jornada del 1-O en Cataluña. El destrozo de infraestructuras escolares y las cargas policiales de extrema violencia contra personas que solo querían depositar un voto en una urna son totalmente inadmisibles; arrastrar por los pelos, dar patadas voladoras o usar gases lacrimógenos contra personas indefensas y pacíficas muestran la naturaleza represora del Estado español frente a la petición de más democracia del pueblo catalán. En cualquier país realmente democrático, quien ordena y justifica un operativo llamado Anubis (dios egipcio de la muerte) «contra» una gran parte de la población de Cataluña que deja como resultado centenares de heridos, estaría automáticamente «dimitido».
El gobierno de Rajoy ha impulsado la represión policial y se enorgullece de ello, rompiendo cualquier esquema de convivencia pacífica y democrática. Resulta intolerable ver cómo el mundo entero airea las vergüenzas de este gobierno, mientras Rajoy saca pecho consciente de tener atada y bien atada a la mayoría de los grandes medios de comunicación. Así, el gobierno, atrincherado en un delirante búnker como no ocurría desde el 11M, alienta al electorado más reaccionario en torno al argumento de la defensa de la legalidad para defender el caduco régimen del 78. Como muestra más reciente de la decadencia de este régimen, el monarca aparece en televisión, como un simple portavoz del gobierno, para hacer una defensa cerrada de las políticas de Rajoy.
Afortunadamente, ya se han visto innumerables actos que denuncian la violencia y que exigen que se respete el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. También el SAT-US (PDI) nos solidarizamos con el pueblo catalán que sufrió una jornada de miedos y golpes en un día que dignificaron a todo el Estado, el 1-O, con su valentía ciudadana, su saber estar en resistencia pacífica frente a la violencia y su perseverancia en la continuación de la lucha mediante huelgas, concentraciones y movilizaciones cívicas, y su capacidad de organización social para ejercer su derecho democrático de expresión, de su opinión y sentir sobre el futuro de su tierra.