En los últimos meses, hemos sido testigos de la aprobación de importantes proyectos para nuestra Universidad, como los nuevos planes propios de docencia e investigación, la normativa de los ahora llamados “Trabajos Fin de Estudios” (TFE) o un nuevo régimen de inspección.
En el diseño y la tramitación de algunos de estos proyectos no se ha contado para nada con la comunidad universitaria. Ni para preguntarle por sus necesidades, ni para pedirle sus opiniones al respecto. Este ha sido el caso, por ejemplo, de la nueva normativa de los ahora llamados “Trabajos Fin de Estudios” (TFE) y del nuevo régimen de inspección. Solo cuando han surgido protestas contundentes desde el alumnado, el personal de administración y servicios (PAS) y/o el personal docente e investigador (PDI), el Equipo de Gobierno se ha visto obligado a parar el proceso y recoger opiniones que ha gestionado de manera totalmente opaca.
En otros casos, como en la tramitación del nuevo Plan de Docencia, se ha consultado solo a los departamentos y dejando menos de una semana para contestar, sin abrir de motu propio y sin dejar tiempo para un debate sosegado y necesario al respecto. Y cuando se han enviado sugerencias de mejora se han gestionado, de nuevo, sin transparencia alguna. Esto mismo pasó en la tramitación del VI Plan Propio de Investigación, durante la que se abrió un proceso participativo de recogida de opiniones y mejoras por email, las cuáles nunca hemos sabido cómo se gestionaron y si sirvieron para algo (a pesar de haberlo preguntado al Vicerrector de Investigación).
En otras ocasiones, la participación se limita a personas escogidas desde arriba que no reflejan la necesaria pluralidad de nuestra comunidad universitaria, como en el caso de las comisiones de debate del plan estratégico “anticipa”. Eso así, se nos bombardea con encuestas de opinión sobre cualquier servicio universitario que solo sirven para engrosar acreditaciones burocratizadas en el marco del monstruo neoliberal de la “calidad” y la “excelencia”.
Esta manera de gestionar lo público, sin auspiciar una participación activa y transparente, que cuando se pone en marcha se hace de mala manera para cubrir el expediente, nos informa de la gestión que el Equipo de Gobierno hace de nuestra Universidad como si fuera su cortijo. Los rodillos clientelares del Claustro y el Consejo de Gobierno no dejan de girar aprobando normativas de espaldas a la comunidad universitaria, mientras la transparencia queda caricaturizada en un portal que no permite conocer, con un mínimo detalle, el funcionamiento de nuestra Universidad.
Por una Universidad Pública transparente y participativa