El Gobierno Andaluz debe apoyar a sus investigadores
La resolución de Proyectos de Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía 2012, del 30 de diciembre de 2013, supuso el acceso a contratos predoctorales cuya convocatoria señalaba una duración máxima de tres años –mientras que lo habitual son cuatro–y dejaba abierta la posibilidad de un cuarto año postdoctoral. A principios de 2019, se arbitró un mecanismo de acceso a estos contratos posdoctorales de un año. Algunas compañeras están ahora contratadas y otras esperando a incorporarse. En este contexto, el estado de alarma por Covid-19 (RDL 463/2020, de 14 de marzo) –y sus prórrogas– han supuesto que este personal postdoctoral contratado se encuentre en una situación muy precaria, ya que cuenta solo con este año para poder obtener los méritos necesarios para poder estabilizarse. Estos méritos son fundamentales para poder acreditarse a distintas figuras de profesorado universitario y enlazar con otros contratos de investigación, en un ámbito de por sí muy precario. Además, quienes esperan ser contratadas tiene que esperar a que la situación se solucione para resolver su situación profesional.
El confinamiento ha llevado consigo la imposibilidad de acceder a laboratorios y a material bibliográfico, la suspensión de cursos de innovación docente, la imposibilidad de realizar estancias de investigación, no poder participar en convocatorias que requieren ser Personal Docente e Investigador para solicitarlas, etc.
A todo esto, hay que sumar la situación de discriminación frente a otras administraciones e instituciones. El los gobiernos central, varios autonómicos y diversas universidades han tomado la iniciativa de prorrogar los contratos de investigación financiados por sus planes correspondientes y que finalizasen en menos de un año desde el inicio del estado de alarma. Sin embargo, el Gobierno Andaluz aún no ha tomado medida alguna que salvaguarde los intereses de los y las investigadoras que financia y debería proteger.
Esta pandemia nos está demostrando la importancia de la investigación para hacer frente a los retos presentes y futuros. Desde nuestra sección sindical nos unimos al colectivo de investigadores postdoctorales de la Junta de Andalucía y exigimos que el Gobierno Andaluz lleve a cabo medidas encaminadas a velar por los investigadores financiados con fondos autonómicos. Hay que garantizar igualdad de trato con el personal investigador predoctoral y postdoctoral que recibe su financiación del Ministerio de Universidades, de otras administraciones autonómicas y de las distintas universidades. Consideramos que es de justicia arbitrar una prórroga a dichos contratos y solucionar el problema del personal investigador que está a la espera de poder acceder a los mencionados puestos de investigación.