El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se modifican los RD 1393/2007 y 99/2011 que regulan las enseñanzas universitarias oficiales y las de doctorado. El objeto de la norma es permitir a las universidades optar por un sistema de grados de tres años y dos años de máster (3+2), frente al 4+1 actual.

El principal argumento aducido por el gobierno es “homogeneizar, en los casos en que se vea conveniente, la duración de los estudios universitarios de Grado y Máster en España a la duración de estos estudios en los países de nuestro entorno”, según se dice en la exposición de motivos del Real Decreto. Además dice el ministro Wert que esto supondrá un ahorro para las familias, al tener que hacer frente a un año menos para terminar sus estudios. Lo cual implica que el ministerio sabe que el alumnado no podrá acceder a los estudios de máster.

En cualquier caso, desde el SATno entendemos que haya ninguna razón que justifique la urgencia de aprobarlo mediante un Real Decreto, sin un debate sosegado por parte de la Comunidad Universitaria ni un estudio detallado de la implantación del actual sistema 4+1, que aún no se ha realizado completamente. Esta misma objeción la ha puesto el Consejo de Estado. Por otro lado, la declaración de la CRUE aplazando la aplicación de la ley es un poco confusa, pues se muestra de entrada “partidaria de un modelo flexible”, aunque necesitan tiempo para analizar sus consecuencias económicas.

Es más, en la actual coyuntura de consolidación de los recortes de los servicios públicos, parece que las verdaderas motivaciones políticas son otras. Las tasas públicas de los estudios universitarios, que han aumentado desde 2012, son mucho mayores en los másteres que en los grados. Por lo que es evidente que el coste para el alumnado (y sus familias) que quiera completar sus estudios superiores será mayor con esta reforma. Ciertamente la realización de un máster es voluntaria para el alumnado, pero esta voluntariedad no debería depender en absoluto de la situación socio-económica de su entorno familiar. Tal y como se había conseguido que fuera antes de los recortes.

Además los estudios de máster están menos becados que los de grado, lo cual consolidará la brecha que se está abriendo entre aquellos que sí pueden costear los estudios de sus hijos y los que no. Desde este punto de vista, un año menos de grado supone un buen porcentaje menos de becas y, por tanto, un injusto ahorro para el Estado.

Si se cumplen todas las previsiones, también las del gobierno, dado que se matriculan menos alumnos en los másteres se reducirá el alumnado en las universidades públicas. Las consecuencias inmediatas de esto serán: la consolidación de los recortes en plantilla, desde 2010 hay 400 PDI menos en la Universidad de Sevilla; la consolidación de tasas de reposición ridículas para que siga disminuyendo el personal; una peor financiación de las universidades, que tendrán menos alumnado;... Es decir, se remata la faena de hacer parecer a lo público como ineficaz asfixiando económicamente a las universidades y a sus usuarios.

Además, al poner másteres de 2 años y duplicar su coste, se abre una vía para que los estudios privados de postgrado puedan competir con los públicos, incluso a través de los centros adscritos. Es decir, un granito de arena más en la privatización de servicios públicos. Dicen que estamos saliendo de la crisis, pero cuando se mira en qué estado están dejando la sanidad y la educación públicas dan ganas de llorar. ¿Se puede salir de la crisis sin acceso a la salud y a la educación superior?

Desde la sección sindical del SAT llamamos al PDI, apoyado por los órganos de representación sindical del PDI, comité de empresa y junta de personal, a debatir y a movilizarse contra esta reforma que sólo pretende consolidar los recortes en la Universidad

Por una Universidad Pública, de calidad y al alcance de toda la sociedad.

¡No al 3+2!