Desde que comenzaron los recortes los gobiernos central y andaluz han jugado con el sueldo de los funcionarios y en particular con sus pagas extras, como si éstas fueran una concesión graciosa de los gobernantes. De igual manera que Franco instituyó la paga del 18 de julio para conmemorar el golpe de estado fascista, las autoridades actuales (las de Madrid y las de aquí) también parecen considerar que la paga extra de verano es algo arbitrario que pueden conceder, negar, quitar o reponer según sea su voluntad o interés.
Da la impresión de que el apellido “extra” de estas pagas de verano e invierno resulta algo confuso. Las pagas extraordinarias son, como todas debemos saber, tan parte del salario como cualquier otra mensualidad ordinaria. Disponer de ellas arbitrariamente es disponer injustamente de la dedicación y el sudor de seis meses de trabajo de los empleados públicos.
Decimos esto porque, al igual que se recortó sueldo especialmente en las pagas extraordinarias cuando decidieron emprender las criminales políticas de austeridad, en este año electoral la Junta de Andalucía ha decidido - ¡Gracias, Susana! - que “se abonen íntegramente las pagas extraordinarias con todos sus complementos adicionales”. Esto, que fue anunciado a toda prensa al aprobar los presupuestos, también se ha anunciado ahora que se ha pagado la extra de verano y, seguro, se volverá a anunciar en diciembre. Sacando así triple rentabilidad publicitaria de una única decisión política.
Por otro lado, si bien la consejera María Jesús Montero afirmaba que la Junta de Andalucía “está haciendo un esfuerzo importante durante 2015 por recuperar los derechos de los empleados públicos”, la realidad era que no se refería a todos los empleados públicos. Concretamente el PDI laboral de las universidades públicas no ha recuperado su salario tal y como lo cobraba en 2010 (y esto en bruto, sin hablar de poder adquisitivo). El PDI del SAT en la Universidad de Sevilla lamenta que la consejera “olvide” en sus declaraciones a todo el profesorado laboral de las universidades.
Por convenio el salario del PDI laboral está ligado al de Titular de Universidad en determinados porcentajes según la categoría. Como el gobierno central conserva en los presupuestos generales un importante recorte en la paga extra de los funcionarios del estado, en cumplimiento del convenio, el sueldo de los laborales no puede recuperarse completamente. Sin embargo, cuando la Junta de Andalucía decidió recortar un 5% a todos los empleados públicos, sí se refería también al personal de las universidades y el convenio no impidió que el sueldo fuera recortado a todo el PDI laboral y a los funcionarios que recibían complementos autonómicos. El SAT-PDI denuncia que para la Junta de Andalucía el profesorado de las Universidades públicas es personal de segunda, a los que se recorta por igual que a los demás pero se les restituye menos que al resto de empleados públicos.
De todas formas, desde el SAT no podemos estar contentas con estas medidas electoralistas que juegan a conceder gracias a los empleados públicos cuando en realidad están devolviendo una pequeña parte de los sustraído desde 2010.
El PDI del SAT en la Universidad de Sevilla exige a los gobiernos central y andaluz la restitución íntegra del poder adquisitivo de todos los empleados públicos, así como la devolución de todo lo detraído de su salario desde que comenzaron las criminales “políticas de ajuste”.
¡No más austericidio! ¡Por el fin de los recortes!
¡Restitución salarial retroactiva del PDI!
