A las 7 de la mañana de hoy, efectivos antidisturbios de la Guardia Civil se han personado en la finca pública ocupada Somonte para proceder a su desalojo.

La finca fue ocupada el pasado 4 de marzo por unos 500 jornaleros y jornaleras en paro de los alrededores. Desde ese momento se han realizado obras de mejora como la creación de un huerto, recuperación y labranza de una hectárea de terreno para la siembra de pimientos, la plantación de olivos, el arreglo y mejora de las instalaciones de riego, la creación de un gallinero, etc.

La finca de 359 hectáreas en secano y 41 en regadío no estaba dando empleo alguno, más que a un cuidador, y se encontraba en proceso de venta en subasta por parte de la Junta de Andalucía. Dicha venta hubiera significado que sus compradores, banqueros, terratenientes o especuladores, pasaran a beneficiarse de subvenciones europeas, ayudas públicas y en su caso ganancias obtenidas por una explotación agrícola extensiva e industrializada (para biodisel, transgénicos, etc.) sin generar prácticamente ningún puesto de trabajo. Al mismo tiempo 1.700 habitantes de Palma del Río y más de 4.000 en la comarca, en su mayoría jornaleros sin tierra, están sufriendo el desempleo, los recortes sociales y los desahucios de sus viviendas, soportando situaciones indignas de pobreza y desesperanza.

El SAT se reunió con la Consejería de Agricultura para intentar una vía de negociación que evitara la venta de esta finca pública y la cesión del uso y explotación de la misma por cooperativas de jornaleros y jornaleras, un modelo exitoso que está garantizando el pleno empleo en localidades como Marinaleda.

El SAT lamenta que la Junta de Andalucía haya optado por la vía de la represión en vez de explorar un camino de dialogo que hubiera llevado a resolver el problema del desempleo en una de las comarcas más castigadas por este drama.