La “crisis de las y los refugiados sirios” ocupa las portadas de los periódicos, y promueve la solidaridad con miles de personas que vagan por Europa entre vallas, gases lacrimógenos, ataques policiales, militares… hasta llegar a morir, en mares, fronteras y caminos. Una crisis de tal magnitud que conmueve a la sociedad europea en su conjunto.
Desde el PDI del SAT-US creemos que hay que hacer un ejercicio de reflexión y acción ante esta realidad, de manera que las acciones necesarias que se tomen deberían enmarcarse en un marco inteligible y legal que ayude a diseñar las mejores acciones ante lo que está pasando.
La “crisis” no es crisis, es la llegada de personas que huyen de sus hogares, dejando atrás sus estudios, puestos de trabajo, casas, familia y todo lo que tienen. Esta huida no es por causa de un tsunami ni un terremoto, es porque están siendo atacadas por grupos que actualmente están activos en Siria, muchos de ellos considerados terroristas por la propia ONU (EI –Estado Islámico- o Frente Al Nusra), que dejan muerte y miseria. Estos grupos no se alimentan del aire, hay toda una estrategia política detrás -como bien explica la profesora universitaria Nazanin Armanian- que tiene como único objetivo derrocar el gobierno de Al Assad por ser el último obstáculo que les queda para hacer desaparecer el estado-nación de Siria. Cuando Al Assad no exista ya tendrán el camino libre para construir el oleoducto Arabia-Saudí-Irak-Siria. Así que no es “crisis”, son “ataques genocidas” contra la población civil siria realizado por grupos creados, directa o indirectamente, apoyados por las potencias occidentales y las monarquías petroleras de Oriente Próximo (Arabia Saudí y Qatar).
Las personas refugiadas solicitan “asilo” en cumplimiento con el artículo 1.2 de la Convención de Ginebra. Este derecho incluye el cumplimiento de todos los convenios internacionales referentes a refugiados suscritos por el Estado español, incluyendo el derecho a asistencia social y económica, facilitación de alojamiento, autorización para desarrollar su actividad profesional, y la expedición de documentos para tener una vida normalizada (Art. 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados).
La prensa destaca a las y los refugiados “sirios”, si bien los refugiados vienen también de Libia, Irak, Yemen, Palestina, Afganistán y de todos los países que Occidente decide destruir (haciéndolo directa o indirectamente), por lo que es importante recordar que estas personas no se vienen porque no quieran vivir en sus países, es que Occidente provoca sus muertes en el ejercicio de su expansión imperialista, y tienen que huir buscando refugio y asilo.
Creemos que las universidades también tienen su papel en el cumplimiento de la legalidad, como sería que facilitasen que las personas refugiadas puedan continuar con sus estudios, pues hay estudiantes de todas las disciplinas. Para ello hace falta voluntad política, pues el marco legal ya existe, y coordinar un sistema que facilite la matriculación de estudiantes que así lo deseen, con el objetivo de que puedan continuar su actividad académica de la manera más normalizada posible. Este acogimiento debería extenderse también a profesorado universitario e investigadores, que son muchos los que se encuentran caminando y buscando un lugar donde continuar sus vidas.
Paralelamente, es fundamental denunciar las causas originarias de esta situación, y volver al lema de “no a la guerra”. Solamente parando los ataques en Libia, Afganistán, Palestina, Yemen, Irak, o Siria, sus habitantes podrán seguir con sus vidas. Y parar estos ataques es responsabilidad de los gobiernos occidentales, entre ellos el del Estado español.
Desde el PDI del SAT-US apoyaremos todas las acciones y actividades que se inicien impulsando el cumplimiento de la legalidad -pues todas las personas que llegan huyendo de la muerte y la miseria son refugiadas a pesar de que dicho estatus les es rechazado por nuestras autoridades al 80%-, y en la denuncia de la actitud criminal del Estado español y la Unión Europea, que por un lado colabora con la destrucción de sus hogares y de sus países, y al mismo tiempo les niega el cumplimiento de su derecho de asilo.
Dicho todo esto, desde el SAT-US PDI, no queremos contribuir a establecer esa distinción que ahora, interesadamente, se hace entre refugiados e inmigrantes “económicos”, lanzando mensajes institucionales sobre quiénes merecen tener derechos y quiénes no. Sabemos de los miles de muertos intentando llegar a nuestras costas desde distintos países de África, de los asesinatos en las vallas de Ceuta y Melilla por intentar cruzar la frontera, de las “devoluciones en caliente” ahora legalizadas, de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIES) en los que se encierra en condiciones penosas a personas que no han cometido delito alguno. Lo que queremos todos y todas es vivir con dignidad. Por ello, el pueblo andaluz y la Universidad de Sevilla, debemos ser solidarios con todas personas y pueblos víctimas del sistema neoliberal y sus políticas y leyes que, o asesinan directamente, o matan dejando morir.
Cuando los gobiernos no actúan, la población, la “gente de bien”, debe hacerlo. Esperemos que la Universidad de Sevilla inicie y apoye actividades en esta dirección.
