Contra los recortes del gobierno en Educacción recogidos en los Presupuestos Generales del Estado y en el Real Decreto-ley 14/2012, y contra los recortes impuestos desde la Junta de Andalucía.
Consecuencias para la Universidad Pública del Real Decreto-ley 14/2012, de 21 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
No se trata de medidas urgentes, sino de cambios que modifican el funcionamiento básico de la Universidad Pública que se establecen sin debate, sin escuchar a la comunidad universitaria.
1. Aumentan brutalmente las tasas de ingreso. En el caso de los títulos de grado, el coste de matrícula aumentará[1] entre un 23% y un 100% en primera matrícula, entre un 112% y un 180% en segunda, entre un 255% y un 300% en tercera y más de un 391% en cuarta. Los extranjeros no comunitarios podrían tener que asumir la totalidad del coste real del título ya en primera matrícula.
Como consecuencia de esta subida, y dado que se han reducido las becas, el alumnado con menos recursos económicos no podrá acceder a la Universidad. Además, la previsible disminución en el número de matrículas provocará una disminución del número de grupos docentes y, por tanto, hará falta menos profesorado.
2. Se modifica al alza la dedicación docente del profesorado, en función de si tiene un sexenio “vivo” o no (pasaría de impartir 24cr a 32cr), lo que conllevará una disminución de las necesidades de profesorado, lo cual puede dar lugar al despido de profesores y dificultar nuevas contrataciones. Además, el aumento de la dedicación docente dificultará enormemente su labor investigadora.
Por otra parte, el sexenio no refleja correctamente todas las actividades asociadas a la investigación y, además, el PDI laboral no puede solicitarlo, quedando en una situación de desamparo aún mayor.
3. Se modifican los criterios mediante los que se pueden crear/mantener/eliminar centros, departamentos y titulaciones, al permitir que sea el Gobierno de España el que especifique los criterios generales para poder mantener un centro o un departamento. La definición de estos criterios generales atenta contra la autonomía universitaria y podría llevar a la desaparición de determinados centros si estos no cumplen los criterios “universales” que dicte el Gobierno central.
Además, se abre la puerta a que se establezcan alianzas entre universidades o con empresas para desarrollar conjuntamente enseñanzas oficiales lo cual puede tener como consecuencia la modificación del mapa de titulaciones tal y como lo conocemos, incluyendo la desaparición y la modificación interesada de títulos. A todo esto se suma la imposición del déficit cero a la Universidad Pública.
Y SI NO NOS MOVEMOS ESTO SERÁ SOLO EL PRINCIPIO…
