El pasado jueves 12 de julio y durante casi dos horas 4 delegad*s sindicales del PDI laboral y funcionario del SAT_US se reunieron con Antonio Ramírez de Arellano (Rector), Elena Cano (Vicerrectora de Profesorado) y Concepción Horgué (Secretaria General). El SAT inició la reunión trasladando al Rectorado un horizonte de huelga en septiembre y terminamos la misma reiterando y reafirmando este horizonte de huelga en la Universidad de Sevilla.
Al comienzo de la reunión, el Rector expuso su valoración de los tres temas que habían motivado su convocatoria: 1) las normas sobre la dedicación docente en el próximo curso, 2) la suspensión del premio de jubilación, y 3) las plazas publicadas en BOE y recurridas por el gobierno estatal.
El Rector expuso que las normas sobre la dedicación docente parten de dos premisas: 1) mantener la plantilla “estructural” o con dedicación permanente (de la que aclaró se excluían profesores asociados y PSI) y 2) la no contratación de PDI con independencia de las necesidades docentes. 2) El Rector justificó la suspensión, por su parte, del Premio de Jubilación, y 3) explicó que hay 13 plazas de Titulares de Universidad y Catedráticos publicadas en el BOE y recurridas por el Ministerio de Hacienda por considerar que no respetan el criterio de no superar la tasa de reposición del 10% (entendida como número de trabajadores y no como “masa salarial” como la interpreta el Rectorado).
Tras la exposición del Rector, desde el SAT-US comenzamos expresando nuestra queja y rechazo a la situación actual de falta de información, comunicación y diálogo entre el Rectorado y la comunidad universitaria en general y el PDI en concreto. Vivimos una situación de ausencia de transparencia y de imposición de decisiones unilaterales por parte del Rectorado que son a posteriori explicadas con buenas palabras.
También trasladamos al Rector nuestra valoración de que en la US no se está asumiendo la responsabilidad y el margen de maniobra que otorga la autonomía universitaria. En consecuencia, se pidió un cambio hacia la transparencia y el diálogo que no recibió respuesta concreta alguna por el Rectorado.
Para ejemplificar la falta de comunicación y transparencia se expuso la larga lista de preguntas, requerimiento de información y solicitud de reuniones sin respuesta presentadas por registro por el SAT-US en los últimos meses. Por otra parte, la Vicerrectora de Profesorado explicó que había mantenido una comunicación fluida con el presidente de la Junta de PDI y la presidenta del Comité de Empresa del PDI. Solicitamos que todas las convocatorias de reuniones futuras con la Junta de PDI y el Comité de Empresa se realicen por escrito y que se dirijan a las comisiones permanentes, donde están todos los sindicatos representados, y la Vicerrectora de Profesorado se comprometió a seguir en el futuro este procedimiento.
Trasladamos al Rectorado nuestro rechazo rotundo de la nuevas normas de dedicación docente aprobadas en la US, pues aplican el aumento de la dedicación docente a 32 créditos recogido en el RDL 14/2012 sin hacer uso de la autonomía universitaria para no hacerlo (en contraste con la Universidad Pablo de Olavide que ordenará la dedicación docente como el curso pasado). Se trata de una medida injusta por sobrecargar aun más de tareas docentes a una parte importante de la plantilla, ser arbitraria (basadas en el ‘sexeniazo’) y aplicarse al PDI laboral que no puede pedir sexenios (sin base jurídica alguna). Además, el aumento de la dedicación docente abre la puerta a los despidos en la misma línea del objetivo del Ministerio, pues, sencillamente, si con menos profesorado se pueden dar más clases se puede despedir más fácilmente.
El rectorado ha renunciado a la contratación de PDI, existiendo margen legal para ello, cuando además en nombre de la autonomía universitaria, en coherencia con el rechazo al RDL 14/2012 y en respeto a las condiciones laborales del PDI, ésta debería haber sido la única vía a considerar para abordar las necesidades docentes de los departamentos con dedicación docente media superior a 24 créditos.
Se preguntó al Rectorado las consecuencias de no remitir los POD o de remitirlos sin asignar la totalidad del encargo docente como resultado de la insumisión a las normas injustas de la US. Se respondió que se convocaría a las direcciones de los departamentos y, si fuera necesario, se aprobaría en Consejo de Gobierno el POD a propuesta del Rectorado.
También preguntamos por los criterios con los que calculan los encargos docentes de los departamentos y se demandó información sobre los criterios que definen el modelo docente del Rectorado para establecer las dedicaciones docentes de distintas titulaciones y departamentos. El rectorado no manifestó intención alguna de trasladar información al respecto por lo que no sabemos si nos encontramos en una situación de arbitrariedad y opacidad o de improvisación, siendo ambos escenarios preocupantes y denunciables ante la comunidad universitaria. Así mismo, constatamos que no hay criterios claros para la ordenación de Trabajos Fin de Grado y Máster, prácticas, etc. que se asignan ignorando la calidad docente y la dedicación que suponen.
También se denunció la sobrecarga de trabajo no reconocido que el PDI viene sufriendo en los últimos años al aumentar las tareas docentes, burocráticas y de gestión. Gran parte de este trabajo no se reconoce en el cómputo del encargo docente ni de ningún otro modo. Diagnóstico que se comparte por parte del Rectorado pero sin aportar soluciones.
La única pregunta con respuesta positiva y satisfactoria fue la referida a las tasas de ingreso para el próximo curso para los estudiantes extracomunitarios. El Rectorado cobrará las mismas tasas a los estudiantes extracomunitarios que a los comunitarios, decisión que valoramos muy positivamente y que pone de manifiesto la autonomía universitaria.
Al final de la reunión se insistió en la falta de transparencia y diálogo y se solicitó la constitución de la Mesa de Negociación General en la US entre Rectorado y sindicatos.
La agresión a los derechos laborales de tod*s l*s trabajador*s de la US, resultado de la combinación de las medidas del gobierno estatal y el autonómico y el Rectorado, se están materializando en brutales pérdidas de salarios, sobrecargas injustas de trabajo y despidos. La aspiración de desmantelar y privatizar los servicios públicos, en especial la educación y la sanidad, está generando una violencia inadmisible contra las y los trabajadores públicos que exige una respuesta contundente. La crisis no la hemos creado la clase trabajadora. Es inadmisible que la mayor parte de la sociedad carguemos con el coste de un ajuste que pretende exclusivamente salvaguardar privilegios y generar beneficios para una minoría. Por ese motivo, desde el SAT-US realizamos un llamamiento a las movilizaciones y a una huelga de varias jornadas en la US a inicios del curso que viene que fuerce un cambio en las medidas de ajuste de los distintos gobiernos: estatal, autonómico y universitario.
