Desde sus orígenes, las universidades han sido instituciones permanentemente atravesadas por una contradicción casi insalvable. Para desarrollar el pensamiento y hacerlo operativo (para avanzar en el conocimiento y en las aplicaciones de éste, tanto tecnológicas como jurídicas y sociales) han tenido que luchar contra los límites que establecen los poderes dominantes que, en cada época, las sostienen económica e institucionalmente. Fueron primero la Iglesia, luego el Estado (supuestamente nacional) y ahora el mercado las sacralidades a cuyas verdades, objetivos e intereses debían (deben) servir los profesores universitarios. El desarrollo del conocimiento y su aplicación debía (debe) producirse sin cuestionar radicalmente esos tres ejes so pena de ser declarado hereje, traidor a la patria o acientífico (por equivalencia a ideologizado).

Si durante siglos todos los profesores hubieran cumplido sumisamente, a cambio de un cierto reconocimiento social, las funciones que les fueron adjudicadas sin cuestionar la lógica del sistema dominante ni rebasar sus límites, estaríamos todavía en los tiempos del trivium y el cuatrivium, seguiríamos afirmando que nuestro planeta no se mueve y que la creación del mundo se realizó el año 4004 antes de Cristo. Pero, a pesar de todas las presiones, represiones y cooptaciones del poder, las universidades han sido también, en todos los tiempos, focos de lucha por el derecho a la crítica de las verdades establecidas, por el cuestionamiento de estas a través de la investigación y por la necesidad de plantearse el por qué y el para qué, y no sólo el cómo, de los fenómenos naturales y sociales. Para decirlo claramente: la historia de las universidades es la historia de la permanente y desigual lucha por la libertad frente al orden económico, político e ideológico establecido.

Hoy estamos viviendo el intento de inserción total de nuestras universidades en el marco del sacro mercado, con la complicidad de quienes monopolizan el sistema político. Un reflejo cercano de ello es el lugar donde se inserta el sistema universitario andaluz, no en una inexistente Consejería de Educación y Ciencia, como ocurría antes, sino como un apéndice de la de economía. ¿Más claro? Y es que, aunque casi todos dicen defender la universidad pública, casi nadie cuestiona que sus objetivos y funcionamiento sea, cada día más, el de una empresa: se mide su eficacia y se valora a sus miembros por criterios de productividad y competitividad (los famosos rankings y acreditaciones elaborados a partir de valores y criterios descaradamente neoliberales), se plantea que sus órganos de gobierno, incluido el rector, no sean elegidos por la comunidad universitaria y que no estén en ellos representados los diversos sectores (dicen que hay "demasiada democracia") sino compuestos por "expertos en gestión", los estudiantes son convertidos en clientes y los profesores en trabajadores precarios cuya promoción y continuidad depende del grado de cumplimiento de los objetivos controlados por otros "expertos externos".

Afirmar que se defiende la universidad pública se convierte, así, en una burla cuando se acepta o colabora, activa o pasivamente, con esta deriva de la universidad hacia una empresa de expedición de títulos, si acaso con unas pocas investigaciones de élite como adorno, regida por los principios de cualquier empresa. La formación de ciudadanos conscientes y libres, la atención a la resolución de los problemas de las mayorías sociales -en nuestro caso principalmente andaluzas-, la descolonización de las mentes, la formación de profesionales no sólo con habilidades sino preparados para preguntarse sobre el por qué y el para qué, son sólo quimeras si la universidad se convierte en una simple empresa: en una academia donde se den muchas clases para fabricar profesionales que se adapten fácilmente a las demandas del mercado. ¿Dónde queda, entonces, lo público?

Cuando, estos días, un sindicato de los autodenominados "de clase", en concreto CCOO, llama a una manifestación universitaria en Sevilla con el eslogan Defiende tu empresa, ello refleja hasta qué punto, desde dentro de la institución, se está colaborando (querría pensar que, en este caso, no conscientemente) al desmantelamiento de una universidad que debiera estar al servicio del conocimiento y de la sociedad (que no del mercado). Un desmantelamiento, que no es obra solamente del ministro Wert sino que comenzó hace ya años, para el cual han sido eficaces instrumentos el engañabobos de "Bolonia", la perversión de las "anecas" y otras agencias de evaluación similares y el darwinismo social implantado desde sucesivas leyes. Por no hablar del estrangulamiento económico que afecta hoy a la propia posibilidad de cubrir los mínimos imprescindibles en la docencia, la investigación y la difusión de los conocimientos.

Cuando se demuestre que la actual universidad "es incapaz" de cumplir esta triple función, nos impondrán a los expertos en su gobernanza. Aún estamos a tiempo de impedir esta catástrofe.

Autor: Isidoro Moreno (catedrático de Antropología en la Universidad de Sevilla)

Publicado inicialmente en Diario de Sevilla