El Gobierno Andaluz sigue estrangulando al PDI
La presidenta andaluza anunciaba recientemente, reunida con los rectores andaluces, una “hoja de ruta” para el pago de la deuda que tiene con las universidades públicas, y que cuantificaba en 670 millones de euros (M€). Esta deuda sitúa al Gobierno Andaluz a la cabeza de la morosidad con las universidades en el Estado español. Y es que, más allá de palabras bonitas, la realidad es que el Gobierno Andaluz sigue estrangulando a la Universidad Pública.
El ahogamiento sostenido de la Universidad por parte del Gobierno Andaluz se refleja, además de en la deuda acumulada, en los recortes sucesivos en los fondos destinados a la Universidad en los Presupuestos de la Junta de Andalucía de los últimos años (un 4.5% en 2014), en los recortes salariales continuos a las plantillas universitarias y en la congelación de las contrataciones y la promoción interna (excepto la promoción incluida en la tasa de reposición del 10%). Esta situación condena a la precariedad laboral de la interinidad al profesorado ayudante doctor en promoción a contratado doctor y bloquea la entrada de nuevo personal a través de las figuras de Ayudante y Ayudante Doctor. Además, se amortizan las plazas tras jubilaciones. Solo en la Universidad de Sevilla hemos perdido más de 500 plazas de Personal Docente e Investigador (PDI) en los últimos años. Y todo esto al mismo tiempo que el Gobierno Andaluz desplegó la alfombra roja para la apertura de la Universidad (privada) de Loyola.
Estos recortes vienen, en parte, condicionados por recortes del Gobierno Central, pero también reflejan el futuro que este gobierno andaluz tiene reservado para la Universidad Pública, un futuro de adelgazamiento forzoso para impulsar a las universidades privadas. Así, el presupuesto general de la Junta de Andalucía para 2014 disminuyó en un 3.5% con respecto a 2013, y el de las universidades públicas en un 4.5%, estando a la cola en las prioridades de pago.
No nos debe extrañar esto de un gobierno PSOE-IU, pues fue el PSOE el que, aliado en este caso con el PP, modificó la Constitución con nocturnidad y alevosía para priorizar el pago de la deuda sobre los servicios sociales. En este sentido, el Gobierno Andaluz gasta en deuda pública cerca de 3.600 M€, casi el doble de lo presupuestado en todas las universidades andaluzas.
Además, algo parecido a lo que sucede en la Universidad Pública Andaluza ocurre en otros niveles educativos. Por ejemplo, se han despedido a más de 4000 profesores y profesoras interinas y a miles de monitores de apoyo en Secundaria. Además, en la Sanidad Pública, donde el Gobierno Andaluz dice que no recorta, se pierde personal continuamente, se fusionan hospitales, hay hospitales privados concertados, se eliminan servicios de algunos centros y la lista de espera no deja de aumentar obligando a aquellas personas que pueden a recurrir a la sanidad privada; clínicas privadas que están apareciendo como setas en nuestras calles. De igual modo, la Universidad privada de Loyola, en manos de la Iglesia Católica, ha comenzado este curso a operar en Sevilla tras la alfombra roja colocada por el Gobierno Andaluz.
Las universidades públicas andaluzas tienen un gran valor social y económico. Gestionan cerca de 2.000 M€, emplean a casi 20.000 en el PDI que forman a más de un cuarto de millón de estudiantes, aportando una gran riqueza económica y social. Sin embargo, estamos sufriendo una “destrucción a fuego lento de la universidad pública por embargo económico”.
Como vemos con nuestra experiencia propia como PDI de la US y la de otros colectivos de trabajadores/as, la lucha sirve. Exijamos una Universidad Pública Andaluza de calidad al servicio de la sociedad civil, reclamemos contrataciones, promoción y subidas salariales, demandemos el pago de la deuda multimillonaria del Gobierno Andaluz con las universidades públicas y, al mismo tiempo, que no se pague una deuda pública ilegítima que responde a los intereses de los especuladores internacionales.