Por una Universidad Pública para tod@s: no al pago de la deuda
Este comunicado va más allá del ámbito estrictamente sindical, pero desde la sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en la Universidad de Sevilla (SAT-US) pensamos que es necesario posicionarnos frente al problema de la deuda soberana dada la grave situación actual.
En el periodo del boom inmobiliario, los bancos y cajas de ahorros pidieron créditos multimillonarios al exterior (a bancos alemanes y franceses, principalmente) para prestar a a familias mediante hipotecas abusivas, y a constructoras, inmobiliarias, etc. Así, la banca, española y extranjera, obtuvieron cuantiosos beneficios. A raíz de la crisis y la exposición de la burbuja inmobiliaria, el gobierno español aumentó fuertemente los gastos con una enorme ayuda al sistema financiero y, al mismo tiempo, destinó importantes recursos a sectores como la construcción y el automóvil. Por otro lado, los ingresos del Estado disminuían debido a una menor actividad económica y un injusto sistema fiscal –impuestos directos rebajados o eliminados (patrimonio y sucesiones). Todo esto hizo que aumentara el déficit público y la deuda soberana. Los intereses de la deuda, que se pagan con los impuestos de los contribuyentes, aumentaron por la negativa del Banco Central Europeo a comprar deuda pública en los mercados primarios, a la vez que dejaba dinero a los bancos al 1%. Por tanto, los gobiernos de Zapatero y Rajoy transfirieron y transfieren riqueza ciudadana a quienes tienen ahorros para prestar al Estado (grandes fondos de inversión, principalmente) a la vez que inyectan dinero público en la banca española que va a parar a los deudores externos (bancos alemanes y franceses, sobre todo). Y ahora el esfuerzo financiero que supuso el rescate de la banca está siendo trasladado a la población a través de “programas de ajuste” que hipotecan a los trabajadores y trabajadoras durante generaciones. En los presupuestos Generales de 2013, casi 40.000 millones de euros van destinados a pagar a los acreedores de la deuda. En este contexto, se llevó a cabo una reforma constitucional en agosto de 2011 para implantar un tope al déficit público y dar prioridad absoluta al pago de la deuda pública sobre otras inversiones.
Una débil estructura productiva no puede seguir alimentando las exigencias del capital financiero, lo que hace que deba refinanciarse hasta el infinito sin hacer frente al volumen de deuda (capital ficticio). Por si esto fuera poco, los recortes impuestos no hacen más que deteriorar la economía, conduciendo a un rescate del Estado que traerá más recortes de derechos y el empeoramiento de nuestra calidad de vida y de las de generaciones futuras.
Pagar la deuda externa significa recortes en los servicios públicos, significa, entre otras cosas, privatización y adelgazamiento de la Universidad Pública y ataques a las condiciones laborales de sus plantillas. En este contexto, cada día está más claro que tenemos que dejar de pagar la deuda contraída para salvar a la banca y que los acreedores pierdan por el riesgo que aceptaron. Se trata de una deuda odiosa o ilegítima contraída de mala fe contra los intereses de la ciudadanía y sin su consentimiento. Numerosos países han evitado el pago de deudas odiosas a lo largo de la historia; recientemente, desde Argentina en 2001, Estados Unidos en el Irak ocupado en 2003, Ecuador en 2008 a Islandia en 2011.
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