La semana pasada ADIUS envió un correo a las listas advirtiendo que el Rector había dicho en Consejo de Gobierno que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a nivel estatal, propone reducir el Capítulo I (gastos de personal) de las universidades públicas. Esta misma advertencia fue realizada por Antonio Ramírez de Arellano en su artículo “Sucederá así...”, publicado en El País el pasado 7 de febrero. La sección sindical del SAT-PDI, en su comunicado del pasado mes contra el decreto 3+2, advertía de motivaciones políticas para el decretazo que nada tenían que ver con los falsos motivos académicos que se daban desde el Ministerio.
En este documento del Consejo de Política Fiscal y Financiera se presentan 255 medidas que las ”autonomías” han propuesto para cumplir el objetivo de déficit. La absoluta falta de transparencia es espeluznante, pues el Gobierno Central les ha pedido que propongan medidas de recorte con el compromiso de no hacer público quién las hace. Así, por ejemplo, no sabemos cuáles de estas medidas han sido propuestas, por ejemplo, por el Gobierno Andaluz. De las 255 medidas, 5 son específicas del ámbito universitario y afectan a los capítulos I, II, III y IV.
La medida 108 (página 5 del documento) afecta directamente al Capítulo I, y es “Permitir los grados de tres años”, lo que dicen que supondrá un ahorro constante del presupuesto de personal de las universidades. Es decir, recortes de personal. No hay nada académico en esta propuesta, se ha generado un falso debate 3+2 vs. 4+1 cuando lo que se pretende es recortar personal y apostar por una Universidad Pública debilitada y poco competitiva, abriendo la puerta a futuras universidades privadas elitizadas, con poco impacto investigador y que requieran poca inversión.
Con la adaptación de Bolonia, algunos ya advertimos que esto iba a suceder. Aprovecharon para limitar el número de plazas y subir las tasas de matrícula de los másteres respecto a los grados. Además se limitaron significativamente las plazas para estos estudios.
Ahora la crisis ha servido para implementar otras medidas que, todas juntas, son la tormenta perfecta contra el sistema universitario. Los recortes en el sueldo, el aumento de ratio en las clases, la desinversión en investigación, el aumento de las tasas o los 32 créditos que puede impartir de docencia el profesorado han supuesto ya, la pérdida de más de 6000 puestos de trabajo (casi 4000 PDI) en las universidades públicas desde 2011 y una significativa reducción del alumnado. Mientras tanto, la oferta de las universidades privadas crece año a año, aprovechándose del debilitamiento progresivo del sistema público universitario.
Estas medidas han sido impulsadas por el gobierno del Partido Popular, empeñado en mostrar la ineficiencia de lo público frente a la supuesta eficacia de lo privado. Un gobierno deseoso de privatizar servicios esenciales como la sanidad y la educación. Pero también fueron impulsadas por el gobierno central del PSOE con Zapatero y apoyadas por los gobiernos “autonómicos”, que mantienen en la asfixia económica permanente a las universidades, a las que ven como un problema o un lastre económico, cuando deberían valorarlas como una pieza fundamental en la construcción de un nuevo tejido productivo. En esta tormenta perfecta, no se debe olvidar el papel principal de los equipos de gobierno de las universidades que, incluso los más críticos con los recortes, aceptan subcontratar profesorado como sustituto interino con un salario indigno.
Desde el SAT-PDI llamamos a la Comunidad Universitaria a informarse y a participar en cuantas acciones se convoquen contra este ataque que amenaza la Universidad como servicio público. Llamamos también al Comité de Empresa y Junta de personal del PDI a convocar asambleas de plantillas que canalicen desde las bases la respuesta a este ataque contra la Universidad Pública.
El debate del 4+1 o 3+2 no puede –bajo ningún concepto- estar vinculado a la reducción de personal universitario, ni a seguir con las altas tasas y las pocas plazas de los másteres, estas son líneas rojas.
En defensa de la Universidad Pública y de Calidad
